Aunque todos los estados cuentan con la facultad de cobrar impuestos sobre utilidades de personas físicas, solamente seis lo hacen.

El artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) establece que las Entidades Federativas podrán establecer impuestos cedulares en los siguientes casos:

Artículo 43. Las Entidades Federativas podrán establecer impuestos cedulares sobre los ingresos que obtengan las personas físicas que perciban ingresos por la prestación de servicios profesionales, por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, por enajenación de bienes inmuebles, o por actividades empresariales, cuando dichos impuestos reúnan las siguientes características:

Tratándose de personas físicas que obtengan ingresos por la prestación de servicios profesionales, la tasa del impuesto que se podrá establecer será entre el 2% y el 5%.

En el caso de personas físicas que obtengan ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, la tasa del impuesto que se podrá establecer será entre el 2% y el 5%.

En el caso de personas físicas que obtengan ingresos por enajenación de bienes inmuebles, la tasa del impuesto que se podrá establecer será entre el 2% y el 5%, y se deberá aplicar sobre la ganancia obtenida por la enajenación de inmuebles ubicados en la Entidad Federativa de que se trate.

Tratándose de personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales, la tasa del impuesto que se podrá establecer será entre el 2% y el 5%.

Básicamente, dice que todos los estados pueden cobrar entre el 2% y 5% por la prestación de servicios profesionales, uso y enajenación de bienes inmuebles, así como por actividades empresariales. De acuerdo con Reforma, este impuesto permitiría a los estados aumentar sus ingresos entre 2% y 13%.

El problema es que Chihuahua, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Guerrero  son los únicos estados que cobran estos impuestos. Además, Guerrero condonó este impuesto por todo 2020.

En el contexto de la crisis causada por la pandemia, los estados deberían investigar maneras para mejorar su recaudación. En entrevista con el mismo medio, Cinthia Rocha Santos, directora de análisis de Aregional, explicó que este impuesto ayudaría a la independencia fiscal de los estados. Además, se espera que el próximo año los estados reciban 5.5% menos en recursos.

Sin embargo, de acuerdo con la especialista, es poco probable que los estaos se arriesguen a perder votos por implementar el impuesto. Por ejemplo, Michoacán aprobó el cobro en 2019, pero debido a la presión mediática y política, lo derogó ese mismo año.